Neto Bran se alista para impulsar su candidatura a la presidencia por el Partido Popular Guatemalteco (Popular), el cual se encuentra en fase de formación.
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Y en efecto, la agrupación ha caminado a pasos acelerados para convertirse en un partido político. Hasta el 20 de abril, el Comité Pro Formación había registrado más de 27 mil (27,455) adherentes.
Mientras que Bran aseguró en la asamblea departamental de Sacatepéquez, que contemplan realizar la Asamblea Nacional en julio o agosto, último requisito para convertirse en partido político y poder competir en las Elecciones Generales para el 2023.
El “lado oscuro”
Todo avanza viento en popa, según Bran. Sus sueños por convertirse en Presidente de Guatemala cada vez toman más forma, pero ¿quiénes están detrás de la agrupación política que se prepara para impulsarlo como candidato?
El secretario General Provisional es Jorge Leonel Arévalo Canales, un exdiputado con historial político de tránsfuguismo, ya que su primer paso por el Congreso lo logró con el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) de Manuel Baldizón, quien guarda prisión en Estados Unidos (EE.UU.) tras aceptar cargos de lavado de dinero.
Tras la caída de Líder, Arévalo Canales buscó un vehículo que le permitiera volver al Congreso y lo logró con el partido Movimiento Reformador (MR), vinculado al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien después de estar prófugo durante casi 4 años, ahora enfrenta a la justicia por cargos relacionados con actos de corrupción.
La idea de crear el Partido Popular Guatemalteco no es nueva, inició desde 2013, según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Incluso, en 2018 se perfilaba como un Plan B, para el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de Jimmy Morales, pues temían la cancelación de ese partido.
Arévalo Canales es hijo de Jorge Arévalo Valdez, exdiputado del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), quien fue uno de los señalados de promover e incentivar los disturbios del “Jueves Negro” ocurridos en julio de 2003 para obligar la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia, fue condenado a 5 años de prision conmutables septiembre de 2018, tras declararse culpable de encubrimiento propio y falsedad ideológica.
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