Nueve integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la Colonia Villas del Quetzal, de Ciudad Quetzal, fueron sentenciados a pagar Q25 mil cada uno o a cumplir 250 días de cárcel después que el alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, los denunciara por desobediencia al oponerse a entregar la administración de dos pozos que están dentro de la colonia.
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Según Alfredo Quevedo, actual presidente del COCODE de dicha comunidad, esto sería parte de una venganza de su antecesor, Miguel Najarro García-Salas, quien forma parte de la Corporación Municipal como concejal segundo.
El problema se remonta a 2020, cuando la colonia Villas del Quetzal, que está a 40 minutos de distancia del centro de San Juan Sacatepéquez y, que supera los 5 mil habitantes, decidió no apoyar la continuidad de la Junta Directiva del COCODE anterior, liderada por Miguel Najarro García-Salas.
El COCODE ha tenido en sus manos la administración de los dos pozos de la comunidad desde 2014, cuando la Compañía de Agua, de Villas del Quetzal, se la cedió. Durante seis años no hubo reclamos por el manejo del servicio, pero todo cambió cuando García-Salas se vio forzado a dejar la presidencia del consejo.
La negación del COCODE y de la Colonia a entregar la administración de los bienes y servicios tiene que ver con que las comunidades que dependen de la Municipalidad para el abastecimiento, que son las que tienen un servicio deficiente, expresó Quevedo.
“Si entregamos el servicio, el temor es que sea deficiente. Además, nos obligarían a pagar una sanción por el tiempo que no lo manejaron”, explicó Quevedo.
En agosto del año pasado, la Muni publicó un comunicado en el que afirmó que es “propietaria” de los pozos de agua dentro de la colonia, y que “cualquier pago que realicen los vecinos a terceras personas sin la autorización de la Municipalidad no serán reconocidos”.
La alcaldía ha preferido no dar declaraciones hasta que el proceso penal contra el COCODE concluya, de acuerdo a una contestación dada a Prensa Comunitaria.
El inicio de los ataques y una sentencia que criminaliza
“La Junta Directiva anterior estuvo integrada por las mismas personas que se reelegían de manera fraudulenta, por más de ocho años. Llegó un momento en el que un grupo de vecinos, en la clandestinidad, se organizó para ponerle un hasta aquí a la situación”, contó Quevedo. “Así surgimos nosotros. Salimos a luz pública y, desde ese momento, empiezan los ataques y acciones maliciosas del expresidente del COCODE y la Muni”.
La colonia no pudo realizar la asamblea en la que elegiría a la planilla de Quevedo, por cinco meses, debido tropiezos que el COCODE de ese momento ponía en su camino.
Dos de las cuatro planillas que participaron eran “afines a la Municipalidad”, pero, finalmente, la nueva Junta Directiva fue electa el 7 de febrero de 2020 “en contra la voluntad de la gente de la Muni. Y me consta porque nos lo dijeron luego de la elección”, refirió el actual presidente del COCODE.
La sensación de triunfo no duraría ni 24 horas, pues el 8 de febrero, personal de la municipal, encabezado por Pellecer, entró a la colonia por la fuerza para administrar los recursos alegando que estos “habían sido donados a la Muni”. En esa oportunidad, extrajeron documentos y equipo de la oficina que ocupaba el COCODE saliente. Allí nació la resistencia de la colonia en contra de la Municipalidad.
“Se favoreció a las autoridades”
Sonia Gutiérrez Raguay, diputada del partido Winaq, ha expresado su preocupación por la criminalización de quienes integran el COCODE, sobre todo, porque el juzgado no tomó en cuenta las pruebas que presentaron para sustentar la decisión de no ceder la administración de los recursos de la colonia.
La parlamentaria ya ha manifestado su solidaridad con el consejo comunitario en redes sociales.
Mi solidaridad con miembros de la actual JD del Cocode de la colonia de villas del Quetzal del San Juan Sacatepéquez, que están siendo criminalizados por la resistencia en la defensa de sus recursos y a la participación ciudadana. Un país cooptado nos afecta a todo nivel.
— Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) August 30, 2022
Para Gutiérrez Raguay, la Municipalidad ha hecho evidente un patrón de criminalización y desprestigio a las autoridades comunitarias que se oponen a las disposiciones del alcalde Pellecer.
“El COCODE que administra los bienes de esa comunidad no se puso a disposición, como lo quería el alcalde. Frente a eso inician los ataques de desprestigio, hasta una denuncia penal contra los comunitarios”.
Ante esto, recordó que son los Consejos de Desarrollo quienes velan por los espacios comunitarios y la administración de sus recursos.
Fuente: Prensa Comunitaria
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